Minutos después de recibida, la orden de aprehensión fue anulada mediante un recurso de “acción de libertad”.
La justicia boliviana emitió una orden de captura contra Evo Morales por los presuntos delitos de estupro y trata y tráfico de personas, pero fue anulada pocas horas después mediante una “acción de libertad”. La fiscal regional de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció presiones desde la Fiscalía General, lo que resultó en su destitución y el freno de la investigación contra Morales.
El delito “habría ocurrido” cuando la supuesta víctima “tenía 15 años” en una provincia de Tarija, si bien la Fiscalía omitió detalles al ser menor de edad la involucrada. Se habla que la menor quedó embaraza de su relación con Morales.
Gutiérrez afirmó que la Fiscalía General ordenó frenar la investigación, disolver la comisión encargada del caso y cesar cualquier acción contra el exmandatario, bajo amenaza de sanciones.
Este conflicto judicial se da en el contexto de una lucha interna dentro del partido Movimiento al Socialismo (MAS), donde las facciones de Morales y el presidente Luis Arce están enfrentadas. El exministro Carlos Romero vinculó la persecución judicial contra Morales a represalias tras una marcha de sus seguidores contra el gobierno de Arce.